Es uno de los principales flagelos que genera temor en la sociedad. Décadas atrás, era impensable que a una persona la asaltaran en pleno centro o que un anciano fuera atacado por los malhechores a la salida de un banco. La inseguridad era propia de los barrios marginales. Pero los últimos lustros, la delincuencia ha ganado terreno con el agravante de que muchos no respetan ni siquiera la vida del prójimo y son capaces de herirlo o matarlo por unas monedas. En el afán de oxigenar el área de Seguridad Ciudadana, el gobierno provincial reemplazó hace unas semanas al ministro de esa cartera y el fin de semana que pasó, el nuevo titular anunció que habrá modificaciones de fondo y anunció el relevo de dos funcionarios habló de un reordenamiento que girará en torno de la prevención, la logística y la creación de un departamento judicial. Dijo que se reforzarán los Departamentos Operativos de la Policía que, a partir de ahora, contarán con unidades especiales para tener un mejor desempeño. Se buscará optimizar el rendimiento de la fuerza y la optimizar los recursos. El departamento judicial estará integrado por un equipo de policías capacitados específicamente para ese rol. Se ocupará de la investigación cada delito y tendrá como objetivo colaborar en todo lo que requieran los fiscales que llevan adelante la instrucción.

Una de las mayores dificultades de la Policía tucumana pareciera ser la imposibilidad -hasta ahora- de desprenderse de la represión para avanzar hacia la prevención del delito. En 2007, un experto que integraba entonces el área de Seguridad de este Gobierno -fue también funcionario del anterior-, expuso una serie de acciones puntuales para combatir la delincuencia, tales como la movilización comunitaria. Proponía, entre otras cosas, la prevención contra grupos violentos; el fortalecimiento de mentores barriales; programas de recreación luego del horario escolar y de visitas a familias desprotegidas y con niños; planes de educación preescolar que involucraran a padres; prevención de la violencia familiar y acciones adecuadas en la Justicia Penal; recuperación de desertores del sistema escolar; capacitación a docentes para afrontar los problemas de origen social en las aulas; fortalecimiento de patrullas dirigidas a lugares conflictivos, entre otros puntos. Lo llamativo es que casi la mayoría de las propuestas concretas de este experto prácticamente no se han motorizado.

En estos últimos años, la Policía ha sido equipada como nunca antes y se ha incrementado su número de efectivos. Sin embargo, no se ha revertido esta sensación de indefensión que vive cotidianamente el ciudadano, como tampoco el incremento de la delincuencia, que es consecuencia de la desigualdad, de la desocupación, la drogadicción, de falta de educación y de formación en los principios básicos de la salud.

En otras ocasiones, hemos señalado en esta columna que el problema de la inseguridad no se combate con el cambio circunstancial de funcionarios en el área de seguridad, sino con una policía diferente, insertada en la comunidad y con la mira puesta en la prevención, así como con una política interdisciplinaria, donde la fuerza se integre en un panorama en el que la educación, la comunicación y acciones sociales puntuales jueguen un papel determinante. La seguridad debería ser una política de Estado y no que dependa de lo que puedan hacer tres o cuatro personas bien intencionadas.